BOSTON - El alcalde de Boston, Mary Walsh, emitió un corto comunicado en el que se refiere a "los eventos actuales en República Dominicana" en materia migratoria y que afectarían directamente a la población de origen haitiano que allí reside.
"Es desalentador y preocupante ver a un país vecino que haga blanco de la exclusión a un grupo minoritario", manifestó Walsh.
A su vez el comunicado insta "a los líderes dominicanos a revertir el curso y reconocer el enorme valor de la diversidad y la inclusión de cualquier nación. Estamos con la comunidad haitiana en Boston y en el extranjero".
La posición expresada por Walsh representaría un rechazo a las medidas llevadas a cabo en el país caribeño sobre migración, concretamente, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, tras cuya finalización se han generado críticas fuera del país.
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El pasado miércoles terminó el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, según cifras del Ministerio de Interior y Policía, y tras el cual entró en vigor una segunda fase, que prevé el inicio de operativos de repatriaciones.
El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que no solo se lleven a cabo deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.
Para estos se aprobó la Ley de Naturalización cuyo plazo para acogerse concluyó en febrero y a la que se esperaba que se inscribieran entre 55.000 y 60.000 personas, pero solo 8.775 lograron completar el proceso, por lo que diversas organizaciones temen que el resto quede apátrida.
El martes, el Gobierno anunció el lanzamiento de una campaña de comunicación internacional para explicar los resultados reales obtenidos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en vista de la polémica que se ha desatado fuera del país tras la finalización de este proceso.
Local
El Plan de Regularización para Extranjeros, calificado como el "más ambicioso" en materia migratoria en el país, se puso en marcha junto a la Ley especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, tras una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.
